Abogados contra la ley doble tributo

Buenos Aires (DyN).-Un grupo de abogados denunció por inconstitucional una ley sancionada por la Legislatura porteña que les impone una doble tributación, por un monto que podría trepar a 250 millones de pesos anuales, para financiar la Caja de Seguridad Social de letrados porteños.

Los denunciantes dijeron ante la Justicia Federal que la legislatura sancionó la creación de la Caja de Seguridad Social para Abogados de Buenos Aires (Cassaba), que obliga a que "todo honorario que perciba cualquier letrado y procurador por todo tipo de tarea en el ámbito de la Ciudad" deberá destinar un porcentaje a financiar al nuevo organismo.
Los abogados deberán pagar un cinco por ciento "para la previsión social", en tanto que sus clientes deberán hacer lo propio en carácter "obligatorio" de entre el 0,5 y el uno por ciento.
El vocero de la ONG denunciante Gente de Derecho, Jorge Rizzo, advirtió en comunicación con DyN que "la Constitución Nacional veda a la Ciudad de Buenos Aires la posibilidad de creación de cajas como Cassaba".
Por ello, que unos 500 abogados presentaron un petitorio para su suspensión "ante el Ministerio de Trabajo, la Corte Suprema, la Presidencia de la Nación, Ministerio de Justicia, Jefatura de Gabinete, presidentes de bloques legislativos, la legislatura porteña, la Jefatura de Gobierno y el Colegio de Abogados de Capital Federal", pero "nadie contestó, siquiera por cortesía".
Los abogados denunciaron, además, un trámite presuntamente irregular para la puesta en marcha del nuevo sistema: a fines de febrero, Cassaba "autorreglamentó la ley 1181, pese a que ello es potestad exclusiva del Poder Ejecutivo porteño".
La reglamentación no fue publicada en el Boletín Oficial porteño, pero sí en el de la Nación del 25 de agosto pasado, de modo tal que una ley sancionada por la legislatura porteña no fue publicada por Capital Federal sino por el Estado Nacional, contrariando todas las prácticas habituales para estos casos.
"Si litigamos en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, se nos efectan retenciones para la Caja de la Provincia y para Cassaba", lo que implica una doble tributación, explicó Rizzo.
Pese a los reclamos y las presentaciones judiciales, la Corte Suprema firmó la Acordada 6/05 ordenando a los jueces nacionales y federales "efectuar el control de pago" de las retenciones para financiar al cuestionado nuevo organismo.

Ver Link "El Litoral", 3 de noviembre de 2005

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