Colegio de
Abogados de la Capital
Hallan pistas sobre las amenazas a abogados
Se
habrían hecho desde una cárcel
Las amenazas
de muerte que recibió la semana pasada Jorge Rizzo, presidente
del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal,
provinieron de una computadora del Pabellón Uno de la Ciudad
Universitaria de Buenos Aires y de un teléfono de una cárcel
de la provincia de Córdoba, según información
que maneja la Justicia.
Los datos
fueron acercados al juez correccional porteño Francisco
Ponte por el propio Colegio de Abogados, según afirmó
a LA NACION una fuente de la causa. La institución se valió
de un programa informático que permite detectar el IP (número
identificatorio) de la computadora desde la que se envía
un correo electrónico.
Las llamadas
telefónicas no las recibió Rizzo, sino otro de los
directivos del colegio. En el caso del presidente del colegio,
las amenazas se hicieron vía e-mail. En uno de ellos se
amenazó de muerte a su familia.
Rizzo llegó
a la presidencia del colegio al frente de un grupo de abogados
que se unieron para luchar contra la Caja de Seguridad Social
para Abogados de Buenos Aires (Cassaba), organismo creado en 2004
que obliga a todos los letrados porteños a hacer aportes
previsionales.
Contra todos
los pronósticos, Rizzo ganó las elecciones del 25
de abril último y desde principios del actual preside la
agrupación de abogados más grande del país.
Consultado
por LA NACION en el momento de las amenazas, el dirigente atribuyó
las intimidaciones a disputas políticas. "Me quieren
hacer pensar en otra cosa para que no pueda hacer gestión",
sostuvo.
"No tenemos
miedo. Normalmente el que amenaza no hace nada, pero a uno le
molesta -agregó-. Al presidente del Tribunal de Disciplina,
Ernesto Halabi, le dijeron que el hijo había tenido un
accidente. Se están metiendo con nuestras familias, como
los peores mafiosos."
La disputa
interna del colegio, que gira en torno de la composición
del tribunal de disciplina, enfrenta a Rizzo con los dirigentes
a los que derrotó en los comicios: Guillermo Borda, Gustavo
Bossert y Ricardo Nissen. Ayer, Juan Carlos Pratesi, un dirigente
cercano a Borda, reclamó ante la Justicia la nulidad del
acto por el que Rizzo impuso sus autoridades en el organismo disciplinario.
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